Bufete de abogados en Málaga

Nos dedicamos al asesoramiento en todas las áreas de la práctica mercantil y para ello adoptamos un rol proactivo y basado en la planificación, el control, el asesoramiento y la defensa. Esto nos permite un adecuado análisis de la situación jurídica, el estudio de las mejores alternativas, atender las obligaciones societarias formales necesarias y determinar acciones que eviten riesgos y ejecutarlas.

En este proceso resolvemos las consultas y dudas que aparecen en el día a día.

Atendemos la empresa desde un punto de vista legal: distintas clases de sociedades, relación de la empresa con los consumidores, regulación de su sector, análisis económico y de la tributación, contratación mercantil, acuerdos comerciales o mercantiles de la Sociedad, normas estatutarias de la Sociedad y su modificación, acuerdos sociales y pactos intersocios.

Establecemos actuaciones de carácter preventivo, de carácter extrajudicial y de carácter judicial, en orden a reducir los impagos en su compañía contemplando, en su caso, la derivación de responsabilidad hacia el órgano de administración, procesos de levantamiento del velo, sociedades interpuestas, o testaferros, e incluimos la vía penal por delito de insolvencia o alzamiento de bienes, gestión de inclusión o anulación de inscripciones en registros de solvencia patrimonial y servicios de averiguación de bienes.

Su finalidad es regular la organización de la sociedad y las relaciones profesionales y familiares entre la familia y la Sociedad de forma que se garantice la supervivencia del negocio familiar a pesar del paso generacional, evitando la conflictividad familiar y reduciendo costes. Así mismo, incorporamos un servicio de mediación que permite la discusión ordenada de los intereses del entorno familiar siguiendo unas pautas que permitan canalizar las emociones y asuntos estrictamente personales evitando la aparición de conflictos que, a posteriori, podrían perjudicar al conjunto del patrimonio familiar.

Para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas que fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 5/2010, y que contempla un amplio catálogo de penas y entre otras: disolución de la persona jurídica, suspensión de la actividad temporalmente, clausura de locales y establecimientos, intervención judicial, multas, etc.